El mercado inmobiliario de Canadá no solo es inasequible —es una bomba social de tiempo que ha fragmentado comunidades, empobrecido familias y erosionado la cohesión social. No se trata de una “corriente de mercado” inevitable: es el resultado de décadas de políticas públicas que han privilegiado a especuladores sobre ciudadanos.
Empecemos con cifras que deberían indignar a cualquier observador objetivo: incluso después de una corrección reciente, el precio medio de una vivienda en Canadá sigue rozando los 665 000 dólares, tras caer solo un 21 % desde su máximo histórico en 2022, cuando superaba los 840 000 dólares. En gigantes como Toronto o Vancouver, el valor promedio ronda ya más del millón de dólares, completamente fuera del alcance de la mayoría de familias.
Estas cifras no son números fríos: reflejan hogares destruidos. Un análisis previo revelaba que los precios han triplicado su valor en dos décadas, mientras los ingresos no han crecido al mismo ritmo. En términos simples, los sueldos medios son incapaces de sostener los costos reales de la propiedad. El resultado: una gran parte de la población se ve forzada a destinar más de la mitad de sus ingresos a vivienda, si es que puede acceder a una.
Y esto tiene consecuencias tangibles: la vivienda, antes pilar de estabilidad familiar, se ha convertido en un instrumento de desigualdad. Jóvenes profesionales que trabajan jornadas completas jamás podrán comprar, mientras inversores con capital especulativo absorben propiedades dejando barrios enteros vacíos o transformados en bienes de inversión. Familias se desplazan a suburbios distantes, alargando horas de traslado y debilitando redes de apoyo comunitario. El resultado es una sociedad más atomizada.
La culpa no es exclusiva del mercado; es culpa de gobiernos que, ante el auge de los precios, privilegiaron incentivos fiscales para compradores y bancos, en lugar de regular la especulación o construir vivienda pública asequible en cantidad suficiente. Es una desmoralización social alimentada por la idea de que el mercado “se autoajusta”, mientras ciudadanos comunes pagan la factura.
Si no se actúa con políticas radicales —desde control de precios hasta impuestos a propiedades especulativas y un enorme aumento de vivienda pública—, estaremos construyendo una sociedad donde la vivienda es privilegio de unos pocos, no un derecho básico para todos.
