El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio por 30 días en todo el país luego de que una ola de violencia vinculada a pandillas dejara al menos siete u ocho policías asesinados y provocara motines simultáneos en varias cárceles, en un episodio que refleja el creciente desafío del Estado frente al crimen organizado y las maras.
La crisis comenzó el sábado con motines en tres prisiones, incluidos recintos de máxima seguridad, donde reclusos presuntamente afiliados a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) se amotinaron, tomaron rehenes —principalmente custodios— y exigieron beneficios como el traslado de líderes penitenciarios. Las autoridades retomaron el control de los centros de detención tras intensas operaciones policiales y militares.
En respuesta, miembros de esas mismas organizaciones criminales habrían lanzado ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil en diversos puntos de la capital, provocando la muerte de varios agentes y dejando otros heridos, según reportes oficiales.
Frente a estos hechos, Arévalo afirmó en cadena nacional que la medida busca “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, y señaló que el estado de sitio permitirá suspender algunas garantías constitucionales, como el derecho de reunión y manifestación, y facilitará detenciones e interrogatorios sin orden judicial. La medida deberá ser posteriormente ratificada por el Congreso, donde la mayoría opositora mantiene reservas sobre extensiones de poder ejecutivo.
El presidente también decretó tres días de duelo nacional por los agentes fallecidos y ordenó la suspensión de clases y eventos públicos, en un contexto en que el país enfrenta una escalada sostenida de violencia vinculada a pandillas que han sido catalogadas como organizaciones terroristas tanto por Guatemala como por Estados Unidos.
El estado de sitio habilitará un despliegue conjunto de fuerzas policiales y militares para patrullajes, operaciones de seguridad interior y apoyo a las instituciones penitenciarias. El gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para recuperar el control institucional frente a grupos que, según las autoridades, buscan desestabilizar el orden público mediante violencia abierta y retaliaciones
