El panorama migratorio en Estados Unidos ha alcanzado un punto de ebullición. Al entrar en el segundo año de su mandato, el presidente Donald Trump se dispone a consolidar en 2026 la fase más agresiva de su estrategia de seguridad nacional: la ampliación de la represión migratoria a través de cuotas de desnaturalización y el despliegue de fuerzas federales en ciudades clave.
La ofensiva contra la ciudadanía y el «Parole»
Para 2026, la administración ha fijado objetivos sin precedentes. No solo se busca la deportación de indocumentados, sino que el Departamento de Justicia ha instruido a las oficinas de USCIS para procesar entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes .Esta medida, que busca revocar la ciudadanía a naturalizados bajo acusación de fraude o irregularidades pasadas, ha sembrado el pánico incluso entre residentes legales.
A esto se suma el fin definitivo de la Parole de Reunificación Familiar para siete países latinoamericanos (incluidos Colombia, Cuba y El Salvador) en enero de 2026.Esta cancelación dejará a millas de beneficiarios sin permisos de trabajo y bajo orden de abandonar el país, desmantelando una de las últimas vías de migración ordenada.
Ciudades bajo asedio y resistencia civil
La respuesta en las calles no se ha hecho esperar. Durante los últimos meses, ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis han sido escenario de protestas masivas tras la implementación de «equipos de choque» de ICE y el uso de la Guardia Nacional para operativos en vecindarios residenciales.
Los manifestantes denuncian una «militarización de la vida civil», mientras que la Casa Blanca justifica las medidas bajo la premisa de «detener la invasión». Sin embargo, el costo social es evidente: la separación de familias de estatus mixto y la asfixia económica de comunidades que dependen de trabajadores migrantes han generado un clima de inestabilidad que recuerda a los períodos más oscuros de la historia migratoria del país.
