Los fiscales dicen que no buscarán ejecutar a un canadiense que espera juicio en Estados Unidos por su presunto papel en una red transnacional de narcotráfico acusada de conspirar y ejecutar asesinatos en Ontario.
Se trata de Andrew Clark, un joven canadiense, acusado de tráfico de drogas, asesinato y conspiración para cometer asesinato, fue identificado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una declaración de febrero como un sospechoso que podría enfrentar «muerte o cadena perpetua» si es declarado culpable.
Bondi actuaba según las nuevas instrucciones de la Casa Blanca para presentar casos de pena capital federal contra autores de delitos graves, incluido el narcotráfico. Esta primavera, al denegarse la libertad bajo fianza Clark, se presentaron documentos ante un tribunal de California que establecían que la pena de muerte era una opción.
Sin embargo, a finales del mes pasado, los fiscales de Los Ángeles presentaron una notificación ante el tribunal diciendo que no buscarán la pena de muerte contra Clark.
Ciaran McEvoy, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos en California Central, que presentó el aviso, no quiso hacer comentarios sobre el caso.
Las presentaciones “sin búsqueda”, como se las conoce, pueden ser revocadas por el fiscal general de los Estados Unidos, según Robin Maher, ex asesor principal del Departamento de Justicia que ahora dirige el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
“Sería sorprendente que los fiscales de California no hubieran consultado con la fiscal general [Pam] Bondi antes de presentar la notificación”, dijo Maher. “Pero la fiscal general Bondi toma la decisión final sobre si se solicita la pena de muerte”.
El Departamento de Justicia de Bondi y la Casa Blanca no respondieron a las preguntas de los medios canadienses.
Los funcionarios del gobierno en Ottawa no han revelado si están interviniendo en nombre Clark. «No podemos compartir los detalles de casos consulares específicos», declaró Brittany Fletcher, portavoz de Asuntos Globales de Canadá.
Canadá prohibió la pena capital en 1976. Desde 1999, la última vez que un ciudadano canadiense fue ejecutado en Estados Unidos, los tribunales canadienses han ordenado a los ministros del gabinete, diplomáticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tomen medidas para tratar de evitar cualquier ejecución de canadienses en el extranjero.
Los observadores dicen que la presión del presidente estadounidense Donald Trump para revivir la pena capital podría complicar las investigaciones transfronterizas que involucran a agencias policiales canadienses y estadounidenses.
“Según la legislación canadiense, el gobierno de Canadá no debería cooperar en ningún caso de pena capital en Estados Unidos, punto”, dijo Robert Currie, experto en derecho transnacional de la Escuela Schulich de la Universidad de Dalhousie.
Dijo que las posturas de la administración Trump crearán problemas en los casos penales estadounidenses que involucran la cooperación de las fuerzas del orden canadienses. «Hay tantos casos de drogas y tanta cooperación entre ambos países en esos casos; tener la pena de muerte en el asunto solo significa dolores de cabeza para todos».
Los cargos contra se derivan de su presunto papel como segundo al mando de Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense. Wedding, prófugo, es presuntamente el líder de una organización de tráfico de cocaína protegida por el Cártel de Sinaloa en México.
Clark fue arrestado en México tras una investigación transfronteriza en la que participaron el FBI y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP). En febrero, se encontraba entre los 29 sospechosos entregados para enfrentar cargos penales en Estados Unidos, según un comunicado de la fiscal Bondi.
Clark compareció ante el tribunal de Los Ángeles en marzo para declararse inocente. Su abogado, Matt Lombard, no respondió a las solicitudes de comentarios. No se prevé juicio hasta 2026.
La persecución policial de. Clark fue anterior a la reelección de Trump. En octubre pasado, en Los Ángeles, el FBI y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) anunciaron conjuntamente el arresto de Clark y de varios de sus coacusados por los fiscales . «Gracias a la colaboración con el FBI, hemos desmantelado un importante grupo de crimen organizado», declaró entonces el superintendente jefe de la RCMP, Mathieu Bertrand.
Los documentos presentados ante la corte estadounidense alegan que Clark, apodado “el Dictador”, actuó como “administrador principal, organizador y líder de la empresa criminal” encabezada por Wedding.
La fiscalía afirma que el objetivo de la organización narcotraficante era transportar cientos de kilogramos de cocaína por Norteamérica. Alegan que tanto el Sr. Wedding como Clark orquestaron varias conspiraciones de asesinato a sueldo en el sur de Ontario para cobrar deudas por drogas. Un tiroteo involucró a una familia de Caledon que fue identificada por error, lo que resultó en el asesinato de una madre y un padre. Su hija de 28 años recibió 13 disparos, pero sobrevivió.
Al asumir el cargo en enero, Trump emitió una orden ejecutiva que buscaba restablecer las ejecuciones federales como una herramienta necesaria.
En un memorando del 5 de febrero, Bondi instó a los fiscales federales a aplicar la pena de muerte, en particular en los casos de narcotraficantes implicados en conspiraciones de asesinato a sueldo.
Maher afirmó que los procesos por delitos capitales pueden consumir enormes recursos en los tribunales estadounidenses. La observadora jurídica añadió que las notificaciones de no búsqueda simplifican los casos al permitir a los fiscales adoptar enfoques diferentes, menos costosos y que requieren menos tiempo.
En su memorando del 5 de febrero, Bondi dijo que había creado un comité para informar este verano sobre si puede revocar los avisos de no búsqueda que los fiscales presentaron durante la administración Biden.
“Este grupo reevaluará las decisiones de no buscar la verdad y si procede imponer cargos capitales adicionales”, dice el memorando. Añade que los fiscales deberían revisar casos anteriores que involucren a acusados asociados con cárteles u organizaciones criminales transnacionales.
El caso de Clark está fuera del alcance de esta revisión, que cubre las decisiones federales de no búsqueda de culpables en casos penales pendientes imputados entre enero de 2021 y enero d
